El comité de crisis que Telefónica creó para Argentina tras la intervención de Repsol , encabezado por Santiago Fernández Valbuena, está sumamente preocupado. La avería que durante el pasado 2 de abril provocó la caída de la red de Movistar, y que la compañía había tratado de minimizar para evitar conflictos con el Gobierno de Cristina Fernández Kirchnner, acaba de saltar a la opinión pública. El Ejecutivo argentino ha multado a Telefónica con 32 millones de euros. Un aviso a navegantes. Un contrataque en toda regla a las amenazas, que se han revelado ridículas, con que Soría y Saénz de Santamaría pensaron que atemorizarían a Argentina  tras la nacionalización de YPF.

El corte en la red, que afectó al servicio en todo el país durante 24 horas, fue muy comentado oficiosamente en redacciones y círculos empresariales. Algunos de los periodistas argentinos que vinieron a España a cubrir la información de la expropiación, transmitieron sus sospechas a los colegas españoles sobre la posibilidad de que el corte se debiese a un boicot del propio Gobierno que esos días ya estaba preparando el escenario que culminaría el 17 de abril.

Los temores sobre la estabilidad de Telefónica en Argentina, están ahí. Quizá el Gobierno debería elaborar un plan estratégico coherente ahora que es evidente que se ha abierto la veda en Latinoamérica. No tiene mucho sentido que de los aspavientos del ministro de Industria por YPF, se pase a quitar hierro a la nacionalización de Red Eléctrica en Bolivia alegando que Evo Morales estaba dispuesto a resarcir a la distribuidora controlada por el Estado, cuando ya se ha desvelado que de pagar nada de nada.

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