¿Es de verdad tan difícil cambiar la manera de hacer política? Ante la incógnita de por qué los políticos se blindan en lugar de reaccionar ante las demandas de la sociedad y de sus votantes, buscamos a uno de los principales artífices del actual sistema democrático. Queremos que nos aclaré si lo que diseñó hace 30 años, como asesor esencial de la Constitución y secretario general de las Cortes, sigue vigente o si ya es hora de modernizar las normas detrás de las que se escudan los representantes públicos.

Francisco Rubio Llorente, hasta hace 8 meses presidente del Consejo de Estado y uno de los responsables de las listas cerradas, se declara partidario de abrirlas para contrarrestar el poder de las cúpulas de los partidos e insiste en que “hay que dar a las nuevas generaciones de españoles la oportunidad de sentirse dueños de su propio destino, dejándoles participar en la reforma de la Constitución para que se identifiquen con ella”.

Rubio Llorente en la Fundación Ortega y Gasset durante la entrevista

- En una tormenta tan perfecta como esta, ¿qué se aborda antes, la crisis económica o la política?

Se puede abordar perfectamente la reforma de las instituciones. Con la crisis económica, por lo que se ve, tenemos muy poco que hacer.
- Si se pusieran en marcha reformas fundamentales, ¿los ciudadanos pensarían que hay voluntad política de cambiar las cosas?

La crisis económica no es un obstáculo para emprenderlas. Cuando elaboramos la Constitución y la Ley Electoral queríamos crear partidos fuertes y disciplinados, lo que se concreta en el famoso sistema de las listas cerradas y bloqueadas.

Los partidos no quieren listas abiertas porque reduce el poder de la cúpula, lo que quizá no sea malo. Sin tocar la Constitución, se puede abrir las listas. En una reforma más honda, habría que cambiar las circunscripciones.

La reforma del Senado también es importante. Se puede hacer cambiando el sistema de distribución territorial del poder. Estas dos cosas permitirían que los españoles se sintieran más protagonistas de su propio destino.

- Usted diseñó el Reglamento del Congreso. ¿No es hora de actualizarlo?

Contribuí a hacerlo en 1979 y no me avergüenzo de él, pero tenía un defecto estructural: uno de sus fines era mantener la disciplina de partido. Pero ese burocratismo le quita viveza al debate y habría que modificarlo para que la gente vea más agilidad en lo que pasa en el Parlamento, que no sea una institución alejada de la calle.

- ¿Qué opina del debate sobre el sueldo de los políticos y la decisión de Cospedal de eliminar el salario de los diputados de Castilla-La Mancha?

No tengo una respuesta tan rotunda como podría parecer, más bien dubidativa. A los políticos hay que retribuirles porque sino solo podrían ser políticos los que vivieran de sus propias medios. Eso es verdad. Pero retribuir a los políticos también tiene el inconveniente de que se mantiene la política como una profesión. Cuando era secretario general del Congreso, después de las elecciones del 79, algunos diputados que habían perdido su escaño vinieron a pedirme unos certificados de despido para poder cobrar el paro porque se habían quedado sin trabajo. Y si no se retribuye, habría que admitir la compatibilidad entre sector privado y público, y en ese caso, se puede seguir siendo profesor y diputado o funcionario y diputado pero se corre el riesgo de caer en conflicto de intereses. Pero si se impone una incompatibilidad severa habrá que retribuirle. Ahora mismo hay una incompatibilidad muy laxa con el sector privado pero rígida con el sector público. Habría que estudiar que males genera la retribución segura y buscar soluciones.

- Tomando como ejemplo el auto del juez Pedraz, ¿le aterra el deterioro de las instituciones democráticas?

Ese deterioro es evidente. Sí, el último episodio del juez Pedraz y el PP es un ejemplo. Su frase fue -cita de memoria- “la convenida decadencia de la llamada clase política”. Un principio básico en la configuración del poder judicial es que los jueces no hablan más que a través de autos y sentencias. Desde ese punto de vista, la inclusión de esas frase me parece desafortunada. Dicho esto, la reacción feroz de parte de algunos diputados del PP con expresiones insultantes está absolutamente fuera de lugar. Todo ha sido malo.

- ¿Es partidario de reformar la Constitución?

Lo digo desde hace años. Es una buena Constitución, que ha sido garante de la democracia y de los derechos, pero el paso del tiempo ha desvelado defectos que no se podían predecir. Yo acepté presidir el Consejo de Estado porque Zapatero me dijo que nos iba a encargar un informe sobre cómo reformarla. Incluso los que votaron en contra, como el señor Aznar, lo alabaron. Pero luego Zapatero abandonó el propósito y yo me enteré por la prensa. Ahora hay muchos problemas a los que hacer frente, reformas institucionales, de engarce con Europa, y por supuesto la división territorial del poder, que es el más difícil, pero que convendría abordar antes de que tengamos que hacerlo en términos dramáticos. Por último, hay otra cuestión que tiene importancia, las constituciones se hacen para que duren en el tiempo, pero conviene que las generaciones vivas se sientan coautoras y que se les dé la posibilidad de reformarla para que se identifiquen con ellas.

- ¿Por qué teme que si no se aborda la división territorial, acabe en términos dramaticos?

Esa división territorial se hizo por dos razones. Para dar más satisfacción a las pulsiones nacionalistas, fundamentalmente en Cataluña y el País Vasco, y con menos intensidad Galicia. Y en segundo lugar, para descentralizar la administración española y hacerla más eficaz. Las aspiraciones nacionalistas no se han satisfecho y el resultado es que no siempre se ha actuado teniendo en cuenta la eficacia, sino más bien la conveniencia política. A estas alturas, con 30 años de democracia e insertos en un contexto europeo que condiciona mucho todas las decisiones, habría que retomar la cuestión. Ver en qué medida se podía dar alguna satisfacción a las nuevas generaciones catalanas y en la media en que se mantengan vascas y gallegas y al mismo tiempo racionalizar la distribución del poder, con los estatutos. Es un problema jurídica y politicamente complicado, pero no creo que sea irresoluble. De estas cosas hay que hablar en serio con un diálogo abierto.

- ¿Cómo se recupera el diálogo entre la clase política y la ciudadanía?

La culpa de la erosión de la confianza de la gente en los partidos políticos es generalizada. Soy poco entusiasta de las manifestaciones el 15-M, porque creo que tienen sentido en regímenes autoritarios, pero España es una democracia, y hay que tener la paciencia y el grado de dedicación para que, si no te gustan los partidos que existen, intenta modificarlos desde dentro o crea otros. Eso es utópico seguramente, pero a alguna utopía tendremos que agarrarnos.

- Siguiendo con el deterioro, ¿por qué la imagen del Tribunal Constitucional está tan dañada?

Una de las causas de sus males es un error mío. Incluí en la Constitución la posibilidad de que las minorías parlamentarias interpongan recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, de lo que se ha abusado en los últimos años. Es inevitable que la imagen del Tribunal sea la de una especie de tercera cámara encargada de resolver conflictos políticos. Otra cosa que ha erosionado mucho al tribunal ha sido el jugueteo que se han traído los partidos con la renovación de los magistrados.

- ¿Qué contestaría a quienes piden que les dejen votar a Merkel o a Draghi?

Se le ha impuesto a los países de la eurozona una disciplina fiscal que subordina los parlamentos nacionales a Bruselas. Esto funcionaría si se aplicase a todos los parlamentos y no creo que el Bundestag alemán acepte fácilmente esta disciplina. Se ha producido un cataclismo en las relaciones entre los países, y también entre los gobiernos de los estados deudores y sus ciudadanos. Mantener una unión que no tiene eco en las conciencias de los ciudadanos es imposible.

Esta entrevista se ha publicado originariamente en el ‘Huffington Post‘.