Los partidos políticos siguen actuando de espaldas a los ciudadanos, como si vivieran en un universo paralelo en el que ni tan siquiera les llegasen los ecos del apabullante cabreo social. ¿Pacto Anticorrupción? ¿Pacto ante el desempleo? Meras intenciones para copar titulares y mostrar su mejor cara en los telediarios. A la hora de la verdad, de tomar decisiones que demuestren que tienen auténtico interés en recuperar la confianza, nada de nada. La ley de Transparencia es la oportunidad más creíble de que disponen los mayoritarios PP y PSOE de convencernos de que debajo de la alfombra no ocultan ni financiaciones ilegales, ni favores, ni tejemanejes varios.

Esta ley, que acaba de iniciar las comparecencias en el trámite parlamentario, parte ya de un hecho sospechoso: la negativa a que cualquier persona pueda acceder a documentos e información de los partidos políticos. La excusa es una cuestión de concepto: ¿qué es información pública?.

La ley nace para obligar a las más de 20.000 instituciones públicas a publicar su patrimonio y mostrar al ciudadano la información que demande, respetando los derechos fundamentales, claro. Pero los partidos son entidades privadas y eso les salva de ser fiscalizados por la sociedad civil, sus votantes al fin al cabo. Eso es lo que esgrimen, al menos.

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José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y guardian de la ley de Transparencia

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