Miguel Blesa, libre

“El papel de la Fiscalía está siendo más defensivo que acusatorio en algunos de los casos de corrupción más llamativos. Desde el punto de vista jurídico formal es admisible que no comparta medidas del juez instructor o no se adhiera a la acusación popular. El Ministerio Fiscal vela por la legalidad y si la legalidad se incumple con el acusado, debe actuar. Ahora, es verdad que incluso en ámbitos judiciales se comenta que su actuación está siendo peculiar”, afirma un reconocido jurista al que no le extraña que la opinión pública manifieste su inquietud ante la posición de la Fiscalía cuando el acusado es un miembro de las élites. “El principio de oportunidad parece que es el que rige ahora. No conviene que molestemos a los banqueros es la consigna, así que el fiscal se emplea a fondo para que no entren en la cárcel, mientras que para un raterillo cualquiera el fiscal pediría prisión preventiva sin plantearse las consecuencias”, advierte el presidente de un importante tribunal de Madrid.

El blindaje a la infanta Cristina en el caso Nóos, la anulación completa de la causa contra Blesa -al que se acusaba de irregularidades en la compra de un banco en Florida al hilo de la reapertura del caso del crédito millonario que Cajamadrid otorgó a Díaz Ferrán sin garantías mientras era presidente de la entidad-, o la oposición a citar a Aznar como testigo en la investigación del juez Ruz acerca de los sobres de Bárcenas, son algunas de las actuaciones encadenadas de la Fiscalía que colocan la mosca detrás de la oreja. Tampoco le ha gustado a la Fiscalía Anticorrupción la querella de UPyD por las preferentes y los bonos subordinados comercializados por Caja Madrid y Bancaja por lo que la semana pasada presentó un recurso contra el auto del juez Andreu en el que se investiga la estafa de las preferentes. Andrés Herzog, secretario general de UPyD en el Congreso no dudo al escribir en su twitter que “la Fiscalía está liderando la defensa de los imputados”.

La separación de poderes que acuñó Montesquieu es uno de los indicadores a los que enseguida echan mano los políticos cuando se les pregunta por la salud de la democracia. “El Gobierno, a través de la Fiscalía, está actuando contra los jueces y a favor de los acusados”, denuncia Cayo Lara, líder de IU. “Que el poder ejecutivo, legislativo y judicial mantengan su independencia y no se produzcan injerencias resulta esencial para valorar la calidad democrática”, defiende el popular Martínez Pujalte. Sin embargo, existe la sensación de que ese principio tan inquebrantable no siempre se cumple en los casos VIP.

“Es verdad que la instrucción del juez de Blesa, Elpidio José Silva, deja mucho que desear desde el punto de vista jurídico pero la Fiscalía se ha alineado con la defensa del banquero y la de Díaz Ferrán. Es un hecho”, comenta un colega del juez ahora bajo sospecha, que añade: “Es un aviso para navegantes, para que tomemos nota y no nos metamos en líos. No se puede generalizar ni sobre la actuación de los fiscales ni sobre la instrucción de los jueces. La sociedad genera prejuicios contra algunos acusados pero las cosas en derecho no se pueden resolver a gusto del consumidor aunque en algunos procedimientos están asomando sesgos en la fiscalía. Salvando la profesionalidad, si veo un cierto sesgo más allá de lo normal”.  Otro juez progresista se manifiesta con más rotundidad: “Cómo no vamos a tener miedo los jueces después de ver la vida privada y profesional de Silva publicada como si fuese un malhechor. Por qué pide el juez instructor Ruz permiso al fiscal para citar como testigos a Aznar, Cascos, Cospedal y Arenas, pues para cubrirse las espaldas porque no es necesario que lo haga, no es lo habitual”.

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