Economía, Política

07 noviembre 2013

El Fondo de Garantía para el Estado de bienestar, ¿es viable o solo una ocurrencia?

Por

-Los socialistas proponen garantizar el Estado de bienestar, pero no existe nada igual en toda Europa

-El organismo sería financiado vía impuestos, pero primero hay que hacer reforma fiscal y equilibrar ingresos y gastos

-Un antecedente sería el Fondo de garantía contra la pobreza, otra propuesta

Ramón Jáuregui ha trabajado como un negro para coordinar y llenar de contenido la Conferencia Política del PSOE. Otra cosa es que el resultado de los cientos de papeles y propuestas transciendan a la opinión pública, pese al despliegue que la gente que rodea a Jáuregui está haciendo en los diferentes medios. Lo previsible, pero no lo deseable y sí lo triste, es que el ruido dentro de las propias filas socialistas en torno al liderazgo, devore el contenido de esas reflexiones y propuestas sobre la crisis económica, el futuro de este país y el papel que debe de jugar un partido socialdemócrata en el siglo XXI. Todo ello partiendo de la autocrítica, algo que sería muy deseable tras la herencia que dejaron en 2011.

De entre esas muchas propuestas, convendría entresacar algunas de título más que atractivo, si las ponemos en el contexto en que se producen. Es el caso de la creación de un Fondo de Garantía del Estado de Bienestar.  Dicho así, y tras el feroz desmantelamiento que el Gobierno de Rajoy ha llevado a cabo tanto de la sanidad, como de la educación y demás conquistas sociales, como la Ley de Dependencia, la enunciación de tal propuesta suena bastante bien. Pero, ¿en qué consiste?; ¿cómo se va a articular?; y, sobre todo, ¿es viable?

Tanto Rubalcaba, como el líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, han utilizado este proyecto de creación de un Fondo de Garantía para recuperar el Estado de Bienestar como reclamo para titulares desde principios del pasado verano, pero sin entrar en detalles. Según los documentos del PSOE, ese organismo está concebido para “tiempos de crisis. Si hace dos años fue posible hacer una reforma de la Constitución para incluir en ella el principio de Estabilidad Financiera, es igualmente posible hacer otra para incluir el principio de estabilidad social (…) el principio de igualdad de todos los ciudadanos a las prestaciones básicas (educación, sanidad y prestaciones sociales) y el reconocimiento explícito de dos nuevos derechos, la protección social y el derecho a la salud”.

 

Grandes palabras, buenas intenciones, pero no está claro si hay algo más. Inmaculada Rodríguez-Piñero, secretaría ejecutiva de Economía y Empleo del PSOE, esta convencida de que “es viable, aunque no puedo dar los detalles porque  pertenecen al área de bienestar social, que coordina Trinidad Jiménez. Pero desde el punto de vista de la financiación, que es una de las dificultades, opino que sería vía impuestos, vía recaudación y está en la misma línea que el fondo de emergencia que propusimos para frenar la pobreza en España. Aquel hay que dotarlo con 1.000 millones de euros, éste ya veremos. De todo esto ya se habló en las jornadas de Badajoz y hay que tener muy en cuenta todos los antecedentes que estamos preparando sobre la fiscalidad y la racionalización entre ingresos y gastos”.

Piñero está convencida de que no son propuestas a humo de pajas, propias de un partido que ya no gobierna. Pero la realidad es que no va a ser fácil de convertirlas en realidad en un momento en el que la política económica sigue siendo impuesta desde Bruselas. Y aunque la austeridad está perdiendo fuelle entre los mandamases de la UE, esa pérdida es más aparente que auténtica en sitios como Berlín, donde está la clave.

En cualquier caso, no hay rastro de un llamado Fondo de Garantía del Estado de Bienestar en ninguno de los grandes países de la UE. Al menos, no uno que sea muy conocido. La prestigiosa investigadora del CSIC Elisa del Pino, experta en gasto público y su evolución con interesantes análisis comparativos entre unos y otros países, reconoce que “no conozco ningún organismo de esas características. Existe un Fondo en Noruega, y está hecho para las pensiones, pero no sé gran cosa. Y puede que haya algo en Canadá, pero a nivel de provincias -como en Alberta- y derivado de los ingresos del petróleo. No sé cómo se podría articular”, confiesa Del Pino.

 

Tampoco Jonás Fernández, autor de Una alternativa progresista. Una respuesta la crisis económica e institucional de España (Ed. Deusto), y uno de los profesionales que ha colaborado en la elaboración de papers sobre el programa económico, ve “complicada” la creación de una institución de ese estilo. “Tendría que incluirse cada año en los Presupuestos Generales del Estado para dotarlo. No sé, no lo veo fácil ni conozco de la existencia en otros países, aunque no he reflexionado sobre ello, porque no he participado en esa parte del bienestar social”, explica este economista emergente, a tener en cuenta en el futuro según varias fuentes consultadas.

Fernández no habrá participado en la parte social de la conferencia política, pero la crisis del Estado de bienestar sí que ocupa un lugar en su libro, donde denuncia como el actual welfare state en España “presenta algunas características que reducen su potencia redistribuidora y, en algunos casos, generan nuevas iniquidades indeseadas. En este sentido, las políticas de gasto están esencialmente centradas en los colectivos de edades avanzadas frente a una menor protección a la infancia”, escribe el economista, quien insiste en las dificultades para alcanzar la universidad por parte de los hijos de las familias más necesitadas y propone promover la igualdad de oportunidades “desde la cuna”. También advierte sobre el diseño de políticas que “poco tienen que ver con la vocación propia de un Estado de bienestar”, lo que puede llevar a que se perfilen dos sistemas alternativos de provisión “bajo un modelo más cercano a la antigua beneficiencia que a un auténtico Estado de bienestar”.

 

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