Gallardón y Fernández Díaz, los cruzados contra las redes sociales

Nadie en el PP duda de que el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León y miembro ilustre del partido, se debe a un ajuste de cuentas al estilo del crimen de Fago. Soraya Sáenz de Santamaría se sorprende muchísimo cuando le preguntamos si ve relación entre los escraches -ella misma fue objeto de uno- y la muerte de su compañera: “¡Pero si es una venganza personal!” Contrasta su actitud con la rapidez con que Jorge Fernández y Alberto Ruiz Gallardón han aprovechado el clima político-mediático para atacar a las redes sociales -el de Interior ha hablado de cibercriminalidad y terrorismo yihaidista en las redes- con la excusa de perseguir las injurias que se vertieron tras el crimen.

Pero, ¿cómo se llega a ligar las barbaridades que unos cuantos lanzan sobre un suceso desgraciado como el crimen de Carrasco, con la articulación de una excusa para coartar la libertad de expresión en el único espacio fuera de su control político? Este es el proceso:

1) Se construye un estado de opinión: los escraches y el desprestigio de la clase políticas traen consecuencias como el asesinato de Isabel Carrasco. Esta es la tesis que diarios conservadores de referencia y presuntas figuras del periodismo como Isabel San Sebastián, Hermann Tertsch o Salvador Sostres han abanderado estos días, sin miedo a que sus opiniones acusadoras e injuriosas en algunos casos vayan a tener una consecuencia legal contra ellos, amparándose en su propia libertad de expresión.

2) Creado ya el caldo de cultivo contra las legítimas protestas ciudadanas y expresiones de rechazo a las políticas del Gobierno, los cargos institucionales no tienen ni que mancharse las manos y pueden poner distancia sobre la manipulación sórdida e interesada que han hecho quienes les apoyan mediáticamente. A la reacción de Soraya Sáenz de Santamaría se suma la de Alfonso Alonso, cuando asegura: “No creo que tengan nada que ver los asesinatos de Isabel Carrasco con los escraches. Lo indignante es que tras el crimen haya personas que en las redes sociales, desde el anonimato, escriben crueldades cuando un asesinato no tiene justificación desde ningún punto de vista ni circunstancia. Yo no he visto políticos del PP que lo vincularan a los escraches”. Un paso más allá, Jesús Posada, presidente del Congreso, enlaza la corrección política con el espíritu justiciero del ministro del Interior: “No me han sorprendido las barbaridades que se dicen en las redes, no es la primera vez. La investigación aclarará lo que ha pasado, pero todo apunta a motivos personales. Yo secundo lo que dice Jorge Fernández Díaz, hay que investigar lo que se dice en las redes sociales, y la policía deberá dilucidar lo que son exabruptos de injurias o campañas organizadas por redes peligrosas o delincuentes”.

3) La estrategia ha funcionado. El ministro de Interior, obviamente avalado por el Gobierno, hace oficial la persecución de quienes hacen “apología del delito y del odio”. No sabemos si Sostres, Tertsch o San Sebastian serán investigados. Esta parece ser la continuación de la operación Araña, que a finales de abril se saldó con 21 detenidos por exaltación del terrorismo. Entre los detenidos no se encontraba ninguno de los que habitualmente vierten amenazas de muerte e injurias contra personajes no afines al Gobierno de Rajoy, como Ada Colau, Pilar Manjón, Alberto Garzón, entre otros. Se trata de cargarse de razones para vestir el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que tiene pendiente su paso por el Congreso.

El resto de las fuerzas políticas, al menos hoy por hoy, no están por la labor de criminalizar las redes sociales. La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, considera: “No tiene nada que ver este asesinato con el desprestigio de los políticos o los escraches. No soy partidaria de reforzar la persecución en las redes sociales. Primero, porque nunca se debe legislar a golpe de un hecho concreto como ha sido el desgraciado asesinato de Isabel Carrasco, y segundo porque estamos en un Estado de derecho, tenemos un código penal donde están claramente establecidos los delitos y, de verdad, sacar consecuencias en el ámbito político de un suceso desdichado como este es una insensatez”.

Gaspar Llamazares cree que “alguien está buscando una interpretación política a lo que apunta como una venganza. Esa interpretación es forzada y pretende rentabilizar el victimismo. Es como si nosotros, desde IU o desde la izquierda, exigiéramos que se descubra a los autores intelectuales o presuntas bandas armadas que en las redes sociales nos insultan, amenazan o criminalizan. Eso sí, espero que el ministro ordene que se investiguen todos los insultos de todas las tendencias en las redes. Aunque yo creo que se puede convertir en una caza de brujas y puede entrar en colisión con la libertad de expresión. Para las injurias y las calumnias ya están los jueces”. Tampoco a Sánchez Llibre, de CiU, le gusta ligar los hechos: “No pongamos las cosas aun más difíciles. Este lamentable asesinato es un hecho aislado y personal que no tiene nada que ver con los escraches o las opiniones en las redes sociales”. Rosa Díez, líder de UPyD, prefiere no comentar el tema pero ve normal que se tomen medidas contra las injurias. “Las hay en otros países”, dice.

Artículo publicado originalmente en El Huffington Post

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